El Imperio hoy: ¿Derechos Humanos o intereses de clase?
Geraldina Colotti
Martes, 24 de Marzo de 2015

Geraldina Colotti - Caracas ChiAma / Il Manifesto / Le Monde Diplomatique / Cubainformación.- La bandera de los derechos humanos, se sabe, puede ser tirada por todos los vientos y no se ha dicho que el viento más fuerte descubra el lado verdadero. Y así, el presidente de un País que se considera el gendarme del mundo declara, sin miedo al ridículo, que Venezuela es “una amenaza extraordinaria” para la propia seguridad nacional y decide emitir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, por presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo puede un país pequeño, cuyo ejército nunca ha agredido a otro, amenazar a los Estados Unidos?

Cualquier ser sensible debería preguntarse y volverse a preguntarde nuevo: ¿con cuál credibilidad puede erigirse como paladino de los derechos humanos, un gobierno -como el de EEUU- promotor de guerras y barbaries, aliado y cómplice de los gobiernos más destructores de la libertad? La hipocresía resulta más evidente observando el desinterés hacia los datos procedentes de México, un país en el cual desaparece una persona cada 90 minutos.Esto es lo que ha comprobadoJuan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas, sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En México, la tortura está generalizada y es aplicada en un contexto de total impunidad. Dice el reporte de la ONU: “La tortura y los maltratos durante los momentos que siguen a la detención y antes del sometimiento a juicio, en México, están generalizados y acontecen en un contexto de impunidad”. El relator visitó el país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, es decir, antes de la desaparición de los 43 estudiantes “normalistas”, atacados por la represión conjunta de policías y narcotraficantes el 26 de septiembre de 2014. Un caso que ha conmovido el mundo y que ha llevado a la luz pública la terrible realidad de las desapariciones en México y la eliminación delos opositores políticos. La relación de Méndez dice que, en la práctica corriente de la tortura “es evidente la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, además de la participación de las Fuerzas Armadas”, y que resulta además “la tolerancia, indiferencia y complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, jueces y procuradores”. El juez relator denuncia igualmente que, sobre todo en las primeras fases del arresto, la posibilidad de preservarse de la tortura, de los abusos y de solicitar “una investigación rápida, imparcial, independiente y exhaustiva son mínimas”.

¿No sería suficiente para sancionar el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto, gran amigo de los USA? ¿Y qué decir de Honduras, país en el cual después del golpe de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, los asesinatos de opositores políticos y de periodistas son moneda corriente a la par de la Guatemala del ex general Otto Pérez Molina? Con toda evidencia, lo que los EEUU defiende, no son “derechos”, sino intereses: intereses de clase, de robo y de mercado, impuestos con las guerras imperialistas que los alimentan. “La verdadera amenaza para el pueblo de los Estados Unidos es su gobierno”, ha dicho Nicolás Maduro. ¿Cómo decir que se equivoca? Washington defiende los intereses de los golpistas venezolanos, metidos en cárceles no por sus ideas, sino por actos concretos, por delitos que, en los EEUU y en Europa, habrían costado cadenas perpetuas o poco menos. En Italia, en España, en Alemania, lo saben bien los movimientos revolucionarios de ayer y de hoy.Y los EEUU ¿no hanretenido en la cárcel por 16 años a los cinco héroes cubanos y dejado libresa los conspiradores de Miami? ¿Y no está en la cárcel de los USA, desde hace más de treinta años el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera? ¿Y no hametido Italia en la cárcel a casi 6.000 militantes de la lucha armada de la izquierda de los 70 y 80? ¿No han torturado y condenado, las democracias italianas y españolas, centenares de militantes brigadistas y de los países vascos a cadena perpetua?

En Venezuela, el 27 de febrero de 1989, durante la revuelta popular denominada el Caracazo, fueron asesinados y desaparecidos alrededor de 3.000 personas: pero no ha habido condena para el entonces gobierno de Pérez que dio la orden de disparar a la multitud enfurecida por el hambre y por la exclusión social. “Mano dura contra los encapuchados”, proclamaba el entonces gobernador de Caracas Antonio Ledezma… Y ninguna condena fue emitida por los organismos internacionales después del golpe de estado contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez en el 2002. También entonces, Ledezma erade la partida, junto a los extremistas de los USA, María Corina Machado y al otro golpista Leopoldo López. Este último, como demuestran los documentos publicados por Wikileaks - el sitio que ha hecho famoso el Cablogate - es asalariado de Washington desde hace veinte años. Sin embargo, mientras él pudo libremente complotar en Venezuela, hasta las violencias del año pasado, el fundador de Wikileaks, Julián Assange, ha tenido que refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres para huir de la ira de Washington. En cuanto a Henrique Capriles, otro ex golpista, instigador de las violencias post electorales de abril de 2013, hoy está más apartado, pero el programa que propone su campo no es menos insidioso. Es por lo tanto, el “derecho al golpismo” lo que los USA defienden, el derecho a subvertir los gobiernos no subalternos, el derecho a borrar el cambio más profundo que se haya jamás producido en Venezuela: una revolución para las clases populares en un país que custodia las más importantes reservas certificadas de petróleo en el mundo. Sin embargo, también algunos dirigentes de izquierda en Europa y en Latinoamérica, agitaron la bandera de los “derechos humanos” como un arma contra Venezuela: en el Estado español, Pablo Iglesias declaró no estar de acuerdo con la detención de Ledezma; en Uruguay, el vicepresidente Raúl Sendic (inmediatamente corregido por las declaraciones del ex presidente Pepe Mujica) afirmó que “no hay pruebas de las injerencias de los USA en Venezuela”; en Argentina, un candidato de izquierda a las presidenciales, Jorge Altamira, defendió a la ex diputada Machado y acusó de golpismo el gobierno bolivariano. En otro tono, en cambio, las declaraciones de la presidenta argentina Cristina Kirchner, que está bien clara sobre el alcancedel proyecto reaccionarioperseguido por los poderes fuertes contra la América Latina progresista, desde Venezuela, a Argentina, a Brasil.Y sin embargo, en Europa y en Italia en particular, se continúa a hablar de la existencia de “dos izquierdas” latinoamericanas: una etiquetada como “caudillista” a quien por herencia de Cuba, pertenecen Venezuela y los países del Alba. Un proyecto para sancionar y contrastar. Otra más soft y aceptable, más parecidas a las tan decantadas democracias europeas, a la cual pertenecen países como Uruguay y Brasil. Una izquierda que juega en clave anti socialista, aún si - en la práctica - resulta pertenecer al campo de las relaciones solidarias sur-sur. Pero, mientras tanto, en este camino y en la estela de Washington, el parlamento europeo condenó el gobierno de Maduro por las presuntas “violaciones de los derechos humanos” de la oposición.

De verdad que la bandera de los derechos humanos no basta (y a veces no sirve) para indicar un juicio si no a condición de asumir hasta el fondo, la propia elección de campo. El campo de la burguesía es aquel que, con un discurso análogo al que ha pronunciado Obama contra Venezuela, en 1980 condenó a la Nicaragua sandinista a la barbarie de los contras por boca de Ronald Reagan. El campo de la burguesía tiene desu lado los grandes medios y su lengua bífida, que voltea los datos y el sentido de las cosas. Así, la DEA (cuerpo antidrogas USA), con una mano beneficia el narcotráfico para pagar la eversión contra el socialismo, con la otra define narcotraficantes los estados como Bolivia que rechazan su tutela, o persigue con la misma acusación las organizaciones armadas, como las Farc en Colombia, que luchan al lado de los campesinos y de los desheredados. Ahora dirige la misma arma contra Venezuela, aunque haya facilitado el proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Santos desde el principio. O precisamente por esto.

El otro campo, es de quien tiene el amor por la libertad y la justicia social, un binomio inseparable y termómetro de civilización. El campo de quien reconoce el derecho inalienable de un pueblo a elegir, en modo transparente y consciente, el camino para alcanzarlas. El campo de quien defiende el derecho de los oprimidos a su propio rescate y no tiene miedo de contagiarse.

Traducido por Maira García

Versión original en Italiano

La bandiera dei diritti umani, si sa, può essere tirata da tutti i venti e non è detto che il vento più forte ne scopra il lato veritiero. E così, il presidente di uno stato che si considera il gendarme del mondo dichiara, senza paura del ridicolo, che il Venezuela è “una minaccia straordinaria” per la propria sicurezza nazionale, e decide di emettere sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro per presunte violazioni ai diritti umani. Come può un paese piccolo il cui esercito non ha mai aggredito nessuno minacciare gli Stati uniti?

Qualunque essere senziente dovrebbe porsi la domanda, e poi chiedersi ancora: con quale credibilità può ergersi a paladino dei diritti umani un governo come quello Usa, promotore di guerre e barbarie, alleato e complice dei governi più liberticidi? L'ipocrisia risulta più evidente osservando il disinteresse per i dati provenienti dal Messico, un paese in cui scompare una persona ogni 90 minuti. Ecco quanto ha appurato Juan Mendez, relatore speciale delle Nazioni unite sulla tortura e altri tratti o pene crudeli, inumane e degradanti: in Messico, la tortura è generalizzata e viene applicata in un contesto di totale impunità. Recita il rapporto Onu: “La tortura e i maltrattamenti durante i momenti che seguono alla detenzione e prima del deferimento al giudice, in Messico sono generalizzati e avvengono in un contesto di impunità”. Il relatore ha visitato il paese tra il 21 aprile e il 2 maggio del 2014, dunque prima della scomparsa dei 43 studenti “normalistas”, attaccati dalla repressione congiunta di polizia e narcotrafficanti il 26 settembre del 2014. Un caso che ha commosso il mondo e che ha ooppositori politici.

La relazione di Mendez dice che, nella pratica corrente della tortura “ è evidente la partecipazione attiva delle forze di polizia e di quelle ministeriali di quasi tutte le giurisdizioni, e anche quella delle Forze armate”, e che risulta anche “la tolleranza, indifferenza e complicità da parte di alcuni medici, difensori pubblici, giudici e procuratori”. Il relatore denuncia altresì che, soprattutto nelle prime fasi dell’arresto, le possibilità di preservarsi dalla tortura e dagli abusi e di chiedere “un’inchiesta rapida, imparziale, indipendente ed esaustiva sono minime”.

Non ce ne sarebbe a sufficienza per sanzionare il governo neoliberista di Enrique Pena Nieto, grande amico degli Usa? E che dire dell'Honduras, paese in cui dopo il golpe del 2009 contro il presidente Manuel Zelaya gli assassinii di oppositori politici e di giornalisti sono moneta corrente al pari del Guatemala dell'ex generale Otto Pérez Molina? In tutta evidenza, quelli che gli Usa difendono, non sono “diritti”, ma interessi: interessi di classe, di rapina e di mercato, imposti con le guerre imperialiste che li alimentano. “La vera minaccia per il popolo degli Stati uniti è il suo governo”, ha detto Nicolas Maduro. Come dargli torto? Washington difende gli interessi dei golpisti venezuelani, messi in carcere non per le loro idee, ma per atti concreti, per dei reati che, negli Usa e in Europa, sarebbero costati ergastoli o poco di meno. In Italia, in Spagna, in Germania, ne sanno qualcosa i movimenti rivoluzionari di ieri e di oggi. E gli Usa, non hanno forse tenuto in carcere per 16 anni i cinque eroi cubani e lasciato liberi gli eversori di Miami? E non rimane da oltre trent'anni nelle carceri Usa l'indipendentista portoricano Oscar Lopez Rivera? E l'Italia non ha forse messo in galera quasi 6.000 militanti della lotta armata di sinistra degli anni '70-80? Non hanno forse torturato le democrazie italiana e spagnola e condannato a centinaia di ergastoli i militanti brigatisti e quelli baschi?

In Venezuela, il 27 febbraio del 1989, durante la rivolta popolare denominata il Caracazo sono state uccise e fatte scomparire circa 3.000 persone: ma non c'è stata condanna per l'allora governo Pérez che ha dato ordine di sparare sulla folla inferocita dalla fame e dall'esclusione sociale. “Mano dura contro gli incappucciati”, proclamava l'allora governatore di Caracas Antonio Ledezma... E nessuna condanna è stata emessa dagli organismi internazionali dopo il colpo di stato contro il legittimo governo di Hugo Chavez, nel 2002. Anche allora, Ledezma era della partita, insieme alla pasdaran degli Usa, Maria Corina Machado e all'altro golpista Leopoldo Lopez. Quest'ultimo, come hanno mostrato i documenti pubblicati da Wikileaks – il sito che ha reso noto il Cablogate -, è al soldo di Washington da vent'anni. Tuttavia, mentre lui ha potuto liberamente complottare in Venezuela, fino alle violenze dell'anno scorso, il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, ha dovuto rifugiarsi nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per sfuggire all'ira di Washington. Quanto a Henrique Capriles, altro ex golpista, sobillatore delle violenze post elettorali dell'aprile 2013, oggi è più defilato, ma il programma che propone il suo campo non è meno insidioso. E' dunque il “diritto al golpismo” quello che gli Usa difendono, il diritto a sovvertire i governi non subalterni, il diritto a cancellare il cambiamento più profondo che abbia mai interessato il Venezuela: una rivoluzione per le classi popolari in un paese che custodisce le più importanti riserve certificate di petrolio al mondo. Eppure, anche alcuni dirigenti della sinistra, in Europa e nell'America latina, hanno agitato la bandiera dei “diritti umani” come un'arma contro il Venezuela: in Spagna, Pablo Iglesias ha dichiarato di essere contrario alla detenzione di Ledezma; in Uruguay, il vicepresidente Raul Sendic (subito corretto dalle dichiarazioni dell'ex presidente Pepe Mujica) ha affermato che “non ci sono prove” delle ingerenze Usa in Venezuela; in Argentina, un candidato di sinistra alla presidenza, Jorge Altamira, ha difeso la ex deputata Machado e ha accusato di golpismo il governo bolivariano. Di tutt'altro tenore, invece, le dichiarazioni della presidenta argentina Cristina Kirchner, che ha ben chiara a portata del progetto reazionario perseguito dai poteri forti contro l'America latina progressista, dal Venezuela, all'Argentina, al Brasile. E tuttavia, in Europa e in Italia in particolare, si continua a parlare dell'esistenza di “due sinistre” latinoamericane: una, bollata come “caudillista” a cui, nell'eredità di Cuba, appartengono il Venezuela e i paesi dell'Alba. Un progetto da sanzionare e contrastare. Un'altra, più soft e accettabile, più simile alle tanto decantate democrazie europee, a cui apparterrebbero paesi come Uruguay e Brasile. Una sinistra da giocare in chiave antisocialista, anche se – all'atto pratico – risulta appartenere al campo delle relazioni solidali sud-sud. Ma, intanto, su questa scia e nel solco di Washington, il Parlamento europeo ha condannato il governo Maduro per le presunte “violazioni dei diritti umani” dell'opposizione.

Davvero la bandiera dei diritti umani non basta (e a volte non serve) per indicare un giudizio se non a patto di assumersi fino in fondo la propria scelta di campo. Il campo della borghesia è quello che, con un discorso analogo a quello pronunciato da Obama contro il Venezuela, nel 1980 ha condannato il Nicaragua sandinista alla barbarie dei Contras per bocca di Ronald Reagan. Il campo della borghesia ha dalla sua i grandi media e la loro lingua biforcuta, che capovolge i dati e il senso delle cose. E così, la Dea (l'antidroga Usa), con una mano favorisce il narcotraffico per pagare l'eversione contro il socialismo, con l'altra definisce narcotrafficanti gli stati come la Bolivia che rifiutano la sua tutela, o persegue con la stessa accusa le organizzazioni armate, come le Farc in Colombia, che lottano a fianco dei contadini e dei diseredati. E ora rivolge la medesima arma contro il Venezuela, benché abbia facilitato il processo di pace tra Farc e governo Santos fin dal principio. O appunto per questo.

L'altro campo, è quello di chi ha a cuore la libertà e la giustizia sociale, un binomio inseparabile e un termometro di civiltà. Il campo di chi riconosce il diritto inalienabile di un popolo a scegliere, in modo trasparente e consapevole, il cammino per realizzarle. Il campo di chi difende il diritto degli oppressi al proprio riscatto e non ha paura di farsene contagiare.

 

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